En su más reciente informe sobre la situación de los migrantes centroamericanos que transitan por México, Amnistía Internacional (AI) recoge testimonios del uso recurrente de la deportación ilegal por parte de las instancias encargadas de aplicar la legislación en la materia y procesar las solicitudes de asilo presentadas por quienes ingresan a nuestro país, ya sea con la finalidad de permanecer aquí o porque se encuentran de paso hacia Estados Unidos.
Para comprender este fenómeno es necesario precisar que se entiende por deportación ilegal
aquella efectuada sin que al afectado se le informe acerca de su derecho a solicitar asilo, cuando esta solicitud es rechazada pese a que existan elementos para suponer que la devolución de la persona migrante a su país de origen pone en riesgo su vida o su libertad, o bien aquellos casos en que la deportación se produce en el periodo en que el migrante tiene derecho a apelar del rechazo a su solicitud.
Los testimonios recabados por Amnistía Internacional dan cuenta de múltiples hechos que caen en alguno de los supuestos anteriores, así como de una sistemática negativa del personal migratorio a tomar en cuenta los derechos humanos de las personas aprehendidas por encontrarse en territorio mexicano sin los papeles correspondientes.
De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, 40 por ciento de las personas detenidas por autoridades migratorias fueron devueltas a sus países de origen pese a contar con solicitudes de asilo o haber manifestado temor por su vida si retornaban. Como agravante de este trato violatorio de la legalidad internacional, 75 por ciento de ellas ni siquiera fueron informadas de su derecho a solicitar asilo.
El escenario descrito cobra un cariz dramático si se considera que todas las personas entrevistadas para el reporte provienen de naciones cuyos índices de inseguridad rebasan varias veces los que la Organización Mundial de la Salud clasifica como niveles epidémicos
de homicidio, ante los cuales migrar se torna una decisión de vida o muerte.
En efecto, el peligro para estas personas en sus lugares de origen es tan exasperante que las obliga a tomar el camino pese a los robos, secuestros, extorsiones y ataques sexuales de que son víctimas en su tránsito por territorio mexicano.
Una sociedad como la nuestra, que tiene en los connacionales residentes en el extranjero su principal fuente de divisas y un pilar fundamental en los ingresos de millones de familias, debería ser particularmente sensible a la manera en que se trata a los desplazados de cualquier nacionalidad, sin importar su estatus migratorio.
Pero incluso en ausencia de esta sensibilidad entre las autoridades correspondientes, la devolución irregular de migrantes debe cesar en tanto resulta inadmisible desde una perspectiva de elemental respeto a la legalidad interna e internacional.
